La Junta Departamental de la
carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras
(UBA) declara la alerta ante la presentación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires de un Indice de Equidad y Calidad de Educación
Porteña (IECEP), afirmando sus intensiones de promover y difundir un sistema
de evaluación de las instituciones educativas, teniendo en cuenta la tasa de promoción de los alumnos, la tasa de
repetición de los alumnos y los saberes mínimos de los alumnos para
poder integrarse productivamente en la sociedad. La
implementación de dicho programa implicaría la elaboración, y difusión, de un
"ranking de escuelas secundarias porteñas calificadas según índices
de calidad´".
Entendemos que esta medida
responde a una lógica economicista basada en postulados neoliberales, al
pretender generar competencia entre escuelas según los saberes que se
distribuyen en ella, comprendiendo de esta manera la calidad educativa
como producto de esta competencia. La educación regulada bajo regímenes
competitivos sustenta una educación comprendida como un bien consumible, como
cualquier otro del mercado, dejando a éste último la formación de nuestros
ciudadanos.
Como si la historia no nos hubiese enseñado
nada, estas políticas profundizan las diferencias y son el principio de la
distribución del financiamiento escolar según el rendimiento, tal como sucede
en Chile y en las experiencias que responden al modelo de Escuelas Charters.
La Ley de Educación Nacional
sancionada en 2006, establece en su artículo 97 que no se puede difundir la
identidad de instituciones educativas con los resultados de las evaluaciones a
fin de evitar toda forma de estigmatización. Esta mención refiere
principalmente a las escuelas de los sectores más vulnerables, dado que la
situación social de los alumnos y el contexto atraviesan y condicionan el
rendimiento escolar. Las escuelas que reciben estas poblaciones se encuentran
obligadas a no poder garantizar una ´mejor´ educación dado que quedan fuera de
los criterios competitivos de distribución de conocimiento, los cuales al ser
estandarizados y descontextualizados, no contemplan la democratización en el
acceso y la apropiación del conocimiento, ambos aspectos inseparables para
pensar lacalidad educativa.
Desde la Junta Departamental de Educación
expresamos nuestra preocupación, y reafirmamos una vez más que acompañamos
firmemente la búsqueda por alcanzar una educación inclusiva y
de calidad, pero de ninguna manera avalamos las medidas mercantilistas y
privatistas que se intentan instalar. La educación es un derecho social, y como
tal requiere de una inversión presupuestaria que permita una capacitación
docente permanente y una evaluación integral de las escuelas.
* esta declaración fue presentada por Pública y Popular en la Junta Departamental el 12 de diciembre de 2012
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